La emergencia sanitaria nacional que vive el país sí justifica la restricción para ejercer algunos derechos como la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio o el libre tránsito, comentan especialistas.

Las restricciones del estado de emergencia han elevado el riesgo de incumplimiento de obligaciones ante la Sunat, como la declaración de impuesto a la renta del 2019. La autoridad ha dispuesto que no se apliquen multas, pero las empresas deberán pagar intereses si hay demoras.

Las empresas tendrían que otorgar licencias con goce de haber a los trabajadores que no puedan movilizarse a sus centros de labores y cuyas funciones no puedan ser realizadas de forma remota.

Los crecientes desarrollos tecnológicos obligan al Estado a diseñar mecanismos que faciliten su labor reguladora. Uno es el sandbox regulatorio.

El reglamento de la Ley de salud mental es poco claro respecto de las nuevas obligaciones y eventuales sanciones para el empleador. Hace falta guías o directivas del gobierno para que nuevas obligaciones sean exigibles.

La ATU evalúa dictar una norma para que los conductores que trabajan mediante aplicativos cumplan con los mismos requisitos del taxista tradicional, lo que desincentivaría la afiliación de usuarios en esas plataformas y reduciría el número de conductores activos.