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A las multas y sanciones penales por casos de concertación de precios o repartición del mercado, se suman demandas de indemnización ante el Poder Judicial promovidas por el Indecopi.

La entrada en vigencia de la sanción penal por conductas anticompetitivas exige a las empresas una mayor prevención y estrategias más sofisticadas., sostiene Pierino Stucchi, socio del estudio Muñiz.

Los acuerdos accesorios entre empresas en el ámbito laboral no deberían ser prohibidos por el Indecopi, sostiene Mario Zúñiga, líder de competencia y mercados de EY Law Perú.

Empresas tendrán que adoptar medidas que garanticen independencia en sus políticas laborales para evitar sanciones, sostiene Alessia Lercari Bueno, asociada del estudio Miranda & Amado.

La ley aprobada por el Congreso que sanciona penalmente las prácticas colusorias podría desincentivar la colaboración de potenciales delatores debido a que no les garantiza la eximición de responsabilidad penal luego de entregar información al Indecopi.

Fijar precios de productos esenciales impediría que se ajusten a costos y riesgos propios de emergencias como la actual, sostiene Mario Zuñiga, líder de Competencia y Mercados en EY Law Perú.