Sector: Marco legal

El Acuerdo de Escazú apunta a garantizar los derechos de acceso a la información ambiental, a la participación ciudadana y al acceso a la justicia, lo que podría prevenir conflictos sociales. Pero también genera riesgos de judicialización para proyectos mineras y de hidrocarburos.

La obligación de implementar protocolos de prevención contra el Covid-19 supone un mayor riesgo penal para las empresas, sostiene Augusto Linares Muñoz, socio del estudio Linares Abogados.

Empresas tendrán que adoptar medidas que garanticen independencia en sus políticas laborales para evitar sanciones, sostiene Alessia Lercari Bueno, asociada del estudio Miranda & Amado.

LA VOZ DE SE. La lentitud en la aprobación de solicitudes de suspensión perfecta y la tendencia a rechazarlas causa mayor desprotección laboral y devela el sesgo antiempresarial del MTPE.

Las empresas priorizarían obtener liquidez en el marco del programa Reactiva Perú antes que reprogramar sus deudas con sus acreedores mediante el procedimiento concursal express de Indecopi.

VOCES Y OPINIONES. La crisis por el Covid-19 puede ser una oportunidad para que las autoridades dejen de lado la atención excesiva al nivel de ejecución presupuestal y adopten una mirada enfocada en resultados, sostiene Denise Ledgard, Oficial de Gobernabilidad Democrática del PNUD.