La Corte Suprema estableció que la compensación económica establecida por la ley es la única forma en que un trabajador puede ser resarcido, descartando la opción de pedir pagos extras por perjuicios morales.

La Comisión de Defensa del Congreso aprobó una propuesta para agilizar la eliminación de estas barreras, estableciendo controles adicionales para los gobiernos locales antes de iniciar procesos judiciales y permitiendo la aplicación inmediata de las decisiones iniciales.

La primera sentencia penal contra una persona jurídica en el Perú acaba de abrir la puerta a una posible aplicación retroactiva de la Ley 30424.