Una reciente interpretación del Tribunal Fiscal (TF) sobre la contratación de servicios digitales para ser utilizados en el exterior incrementaría los costos asumidos por las empresas locales. El encarecimiento de las operaciones desincentivaría la apertura de sucursales.

Un proyecto de ley presentado por el gobierno de Pedro Castillo propone modificar la normativa sobre el arbitraje incorporando la vía judicial como mecanismo para solucionar controversias por obras públicas. De aprobarse, le restaría celeridad y especialización a los procesos.

Las organizaciones que busquen incrementar sus parámetros de autorregulación podrían apostar por dotar a sus análisis contables de una visión forense y recurrir a auditorías externas.

Iniciativas incrementarían los costos laborales y reducirían la seguridad jurídica. De no ser aprobadas en el Congreso, el gobierno podría modificar reglamentos para que normas similares entren en vigencia.

La retórica populista y demagógica del presidente Pedro Castillo echa por tierra los esfuerzos del MEF para transmitir confianza a los agentes económicos.

Los presidentes entrantes enfrentan una agenda desalentadora, sobre todo la necesidad de generar un fuerte crecimiento.